La Unión Europea debe externalizar partes de su política migratoria, o al menos intentarlo. Ese fue el mensaje principal de los 27 líderes de la UE cuando se reunieron la semana pasada en Bruselas y acordaron explorar “nuevas formas” de frenar la migración irregular.
Este respaldo fue deliberadamente vago para garantizar el mayor margen de maniobra posible. Aun así, hubo una idea en particular que llamó la atención de todos, incluida Ursula von der Leyen: los “centros de retorno”.
“No es trivial, pero es un tema que se está discutiendo”, confirmó la presidenta de la Comisión Europea, añadiendo que los “centros” están oficialmente sobre la mesa.
El plan, que aún no ha sido detallado por completo, cubrirá a los solicitantes de asilo cuyas solicitudes hayan sido denegadas y, por lo tanto, no tengan derecho a quedarse en el bloque.
Mientras que los nacionales de países como Siria, Eritrea, Ucrania, Mali y Afganistán tienen altas probabilidades de recibir protección, otros, como los de Pakistán, Bangladés, Senegal, Nigeria y Venezuela, tienen una tasa de reconocimiento inferior al 20% y, en la mayoría de los casos, son rechazados.
Hoy en día, un solicitante rechazado permanece en el estado miembro hasta que se lleva a cabo su deportación. Sin embargo, bajo el nuevo esquema, algunos (o incluso todos) estos migrantes podrían ser transferidos a instalaciones ubicadas fuera del territorio de la UE, a la espera de su remoción definitiva.
El proyecto podría parecer sencillo, pero enfrenta una gran cantidad de desafíos legales, económicos y operativos que podrían hacer imposible que se convierta en el éxito que los líderes imaginan.
¿Dónde se ubicarán los centros?
Para hacer realidad este plan inexplorado, Bruselas necesitará encontrar un país no perteneciente a la UE dispuesto a albergar el centro en su territorio.
Los intentos anteriores de externalizar han mostrado una preferencia por naciones de bajos ingresos. Reino Unido y Dinamarca exploraron esquemas controvertidos con Ruanda que nunca se concretaron. Italia firmó un protocolo a largo plazo con Albania para construir y gestionar dos centros de procesamiento en ese país balcánico. La semana pasada, los Países Bajos propusieron un proyecto para enviar a los solicitantes de asilo a Uganda una vez que hayan agotado todas las vías legales.
Estos son acuerdos bilaterales y no está claro qué nación estaría dispuesta a albergar un centro a nivel de la UE, lo que implicaría recibir a solicitantes de asilo rechazados de cualquiera de los 27 estados miembros. Tirana ya ha advertido que su acuerdo es “exclusivo” con Roma.
“Los países de la UE hablan de esto como si pudieran decidir lo que sucede fuera de la UE, pero estamos hablando de países independientes que tienen sus propios intereses”, dijo Eva Singer, directora del departamento de asilo del Consejo Danés para los Refugiados.
“No veo por qué estos países aceptarían hacerse cargo de la responsabilidad de Europa. También preveo, si esto llegara a suceder, un uso extremo de la fuerza para lograr que los solicitantes de asilo rechazados aborden aviones hacia estos países”.